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Erradicar un delito que no tiene control legal debe ser un propósito de la Justicia Colombiana

Hay unos tipos que andan con catálogos, ofreciendo mujeres entre esas niñas que son incluso menores de edad, una serie de cosas que están mal en Colombia, entre ellas el turismo sexual, la falta de regulación que hay aquí de los entes de control.

Usualmente el estado es muy débil para perseguir a los delincuentes, es que la gente que tiene perversiones pulula en ambientes donde no hay control, entre esos turistas que vienen, hay violadores, asesinos en serie, y como aquí cuando vienen la regulación es mínima, me imagino las maravillas en el lenguaje que ellos manejen que ellos hacen con nuestros niños. Se debe hacer un seguimiento mucho más estricto de la gente que comete abusos sexuales en el país” fueron las enfáticas declaraciones que el aspirante a una curul en la Cámara de Representantes Juan Luis Castro Córdoba publicó en su red social de Twitter para referirse a un problema social creciente y es el turismo sexual de menores de edad en Colombia.

Aunque se conocen las modalidades que proxenetas y bandas delincuenciales emplean, para ofrecer a turistas extranjeros y nacionales paquetes sexuales en los que se incluye, entre otras cosas, abusar sexualmente de menores de edad, el delito de explotación sexual comercial no se denuncia, por lo que no hay capturas ni judicialización.

De acuerdo con una reciente investigación de Discovery Channel, titulada La otra cara del placer, el turismo es una de las principales industrias de Colombia y de Medellín. Según las cifras allí reveladas, el ingreso de visitantes extranjeros a esta ciudad aumentó un 48%, lo que representó una ocupación hotelera del 65,2%.

“Medellín es un destino narcoturístico y sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito internacional”. Así fue calificada la ciudad por Bo Mathiasen, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), durante la socialización del estudio descriptivo de la dinámica delictiva del tráfico de estupefacientes, la trata de personas y la explotación sexual comercial y turística.

“Grupos de jóvenes entre 18 y 25 años, principalmente estadounidenses, israelíes, italianos y alemanes, organizan viajes especiales a esta ciudad en busca de una experiencia de sexo y drogas”, dice un apartado del estudio.

Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) apunta a que, se han registrado 20 casos de explotación sexual comercial, mientras que en el 2016 se reseñaron seis y en el 2015 otros trece casos, situación que demuestra que el delito no tiene una variable constante en su desarrollo pero sí que de diciembre a febrero se ha disparado.

La regional Antioquia del Icbf, precisó que si bien se tienen identificados unos focos de proliferación del delito en la región, Medellín, como ciudad capital, es donde se reporta mayor actividad de explotación sexual comercial (turismo sexual). Por ello, se realizaron operativos de allanamientos en hostales, hoteles, restaurantes y espacios públicos aledaños al Parque Lleras, zona rosa de la ciudad y lugar identificado como el de mayor movimiento de turistas que llegan a cometer esta clase de delitos.

Allí sólo se pudo identificar el abuso sexual comercial contra una menor, ya que de acuerdo con la información, alguien mayor de edad se hizo responsable del caso y logró evitar que el Instituto iniciara un proceso de restablecimiento de derechos.

La respuesta de la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín sobre esta situación fue muy clara: El delito existe, está contemplado en el Código Penal, se han hecho operativos, campañas, se ha visibilizado, sin embargo, no hay denuncias, no hay pruebas. En el papel, la explotación sexual comercial en niños y adolescentes no existe.

“Cuando vamos a la norma es cuando necesitamos que se avalen las acciones que implementamos, tendientes a dar con la captura. Pero, si llegamos a un lugar o a un sitio donde un extranjero esté sosteniendo relaciones sexuales con una menor de 18, pero mayor de 14, y ésta dice que él es su amigo o su novio, no podemos hacer nada, así nos digan que él le está pagando, por el simple hecho de no tener pruebas, ya que según la norma la adolescente, luego de los 14 años, tiene derecho a tener una vida sexual activa. Es allí cuando se muere la norma, no hay víctima, no hay caso, no hay denuncia, no hay captura”, explicó el subintendente de la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín, Sergio Restrepo.

También se presenta la dificultad de hallar a quien comete la violación de la norma en flagrancia, cuando el delito es cometido en fincas, apartamentos arrendados por días a extranjeros, hostales que ofrecen el plan “todo incluido”, con drogas, alcohol y sexo, y no ofreciendo servicios en las calles o parques como se pensaría.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó que en Colombia hay 35.000 niñas y niños explotados sexualmente, sin contar las decenas de casos que no son registrados. En Medellín hay aproximadamente 500 niñas explotadas sexualmente, mientras que en Cartagena el número asciende a 1.500, según datos de la organización contra el abuso infantil Tierra de Hombres.

Ese vacío legal es el que se pretende subsanar al presentar un proyecto de ley que contemple los detalles que han sido piedra de tropiezo para las autoridades, en el momento de pretender castigar como se debe a los extranjeros que delinquen en Colombia y abusan de nuestros menores. Uno de los pilares de la construcción de una sociedad mejor es justamente la protección de los niños, niñas y adolescentes y uno de los principales intereses del candidato a la Cámara de Representantes Juan Luis Castro Córdoba.