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Alerta por aumento de crímenes contra los desmovilizados de Farc

En apenas siete meses del 2018 han sido asesinados 26 desmovilizados de las Farc. Son dos casos más que todos los del año pasado y la situación revela el crecimiento de una nueva amenaza para el posconflicto: los ataques contra los miembros de esa guerrilla que entregaron las armas.

Desde el 2016, según la Fiscalía, van al menos 63 asesinatos, sin contar los dos ex-Farc que hacen parte de las nueve víctimas de la masacre perpetrada el pasado lunes en El Tarra, Norte de Santander.

En el hecho registrado el lunes en la tarde murieron los desmovilizados Jhon Jaimes Sanabria y Ramón Emiro Ramírez, y resultaron heridos los también exintegrantes de la guerrilla Bladimir Quintero Ramírez y Argelino Ortega Ortiz.

Aunque el Eln y ‘los Pelusos’, dos de los grupos que hacen presencia en la región y que están en confrontación por el control del negocio del narcotráfico, salieron a negar su responsabilidad en el crimen, las autoridades mantienen el radar sobre esas organizaciones que han incrementado su presencia en la zona y vienen presionando las cifras de hechos violentos.

En El Tarra, según cifras de la Fiscalía, en los primeros meses del año pasado se reportaron cinco homicidios dolosos y este año ya van 13. De los 63 hechos de los que tenía noticia hasta el 13 de junio se han logrado esclarecer 26.

El ‘clan Úsuga’, con siete homicidios, aparece como el mayor responsable de crímenes de desmovilizados. El Eln está señalado de al menos cuatro casos, y hay una docena de asesinatos cometidos por las disidencias de esa guerrilla. De hecho, la presión de esos grupos para que los desmovilizados vuelvan a las armas está creciendo en algunas zonas del país, pues las bandas emergentes de todas las pelambres pretenden aprovechar su antigua experiencia en la guerra.

Eso ya pasó hace una década con los desmovilizados de las Auc y las bandas emergentes, y la justicia documentó docenas de asesinatos y desplazamientos forzados en contra de los que prefirieron mantenerse en la legalidad.

La Unidad Especial de Investigación del ente acusador con las fiscalías seccionales, la Dirección de Crimen Organizado y un grupo especial de investigadores han librado 11 órdenes de captura, 3 de los crímenes investigados se encuentran en etapa de juicio, uno más está pendiente de decisión de los jueces y en los 42 restantes hay, según la Fiscalía, “importante material probatorio y evidencia física con los que se espera ir ante jueces para solicitar nuevas órdenes judiciales”.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que el 68 por ciento de los hechos violentos fueron perpetrados por desconocidos, el 14 por disidencias de las Farc y el 8 por ciento por el Eln. Un dato revelador, dice el informe, es que el 90 por ciento de los casos ocurrieron en zonas con presencia de las disidencias de las Farc.

Juan Carlos Garzón Vergara, investigador de la Fundación, señaló: “Hay una combinación muy complicada de múltiples factores. Por ejemplo, se unen la incertidumbre en el proceso de reincorporación a los rezagos y problemas en la aplicación del acuerdo de garantías de seguridad.

A esto hay que agregar la existencia de economías ilegales y de grupos que pretenden llenar ese vacío de regulación que dejaron las Farc. Eso produce vulnerabilidad, no solo para desmovilizados sino para familias, poblaciones, y en algunos casos se encuentra que hay coincidencias con las amenazas a líderes sociales”.

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