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El Fiscal y el abogado: la venganza o la chuzada

Armando Benedetti no pasa como un hombre desapercibido. Siempre está en el epicentro de lo que sucede en la Colombia moderna y en la mayoría de las veces en tono de aguda controversia. Es un abanderado de causas controvertidas como la de la defensa de los derechos de la comunidad gay o las que tengan que ver con los derechos de las minorías. Es un demócrata y liberal a toda prueba y siempre se ha opuesto a las plutocracias y a los poderes omnímodos.

Lo mas costoso para su reciente carrera política que ha hecho es que se echó al hombro la defensa del endeble y escabroso proceso de paz del gobierno pasado y lo máximo que le han criticado sus contrincantes es su extraña capacidad de pasar del uribismo mas craso al antiuribismo mas rampante, lo que le ha generado enemistades en este sector y entre los más fanáticos del expresidente Alvaro Uribe.

Benedetti en medio de sus controversias ha generado fuertes debates y se caracteriza por no tener pelos en la lengua, incluso para el gusto de algunos, se pasa de la raya. Se atrevió en plena campaña presidencial a llamar al Fiscal General Néstor Humberto Martínez “rufián” y un perverso, y no ha ahorrado críticas al gobierno del presidente Iván Duque por continuar con las prácticas que tanto le han criticado al gobierno de Juan Manuel Santos en materia de repartición burocrática.

Pero ahora le resulta otro de sus conocidos archienemigos, el abogado uribista Jaime Lombana, quien fue en su momento su cuñado porque Angela Benedetti estuvo de romance con el abogado y al parecer a este le quedaron unas heridas por sanar, que lo acusa de haber ordenado chuzar los teléfonos tanto del abogado como del fiscal.

La noticia parecía un chiste porque resultaba algo así como si algún historiador de la revolución bolchevique afirmara que Leon Trosky ordenó espiar a Joseph Stalin. Es decir el ciudadano de pie infiltraría al jefe de la policía política. Cualquier entendido en temas de comunicación o en asuntos de los organismos de seguridad sabe que si alguien tiene instrumentos y legitimidad para hacer interceptaciones telefónicas es la fiscalía y que un senador en esta materia es como un parroquiano más.

El hecho concreto es que el coronel (r) del Ejército Jorge Humberto Salinas, quien aparece como testigo en contra de Benedetti no dice sino el titular de la noticia, como cuando alguien está cumpliendo un libreto. Resulta extraño que el famoso testigo diga que por el trabajo para Benedetti, que duró unos tres meses, se pagaron al menos cuatro millones de pesos. Cualquier persona medianamente enterada sabe que un interceptación en cualquier lugar del mundo no se resuelve con una cifra tan irrisoria para un trabajo que bien puede valer cientos de miles de dólares.

La declaración de quien supuestamente detalló el rol que cumplían varios de los investigados por el escándalo de chuzadas en la red criminal, deja algunos vacíos y peor cuando sostiene que fueron tan buenos los resultados de las chuzadas que el senador llegó hasta el punto de pedir que se realizara un tracking de ubicación de unas fechas en particular y la extracción de unos mensajes de WhatsApp e información del teléfono del señor Fiscal General de la Nación.

Nadie que tenga cinco dedos de frente ignora que una operación de este nivel implica una infraestructura de tal magnitud que no puede haber operación de topo electrónico que no requiera de equipos sofisticados y que su solo servicio puede costar una fortuna, para que haya hecho un combo por arrastrados 4 millones de pesos para todas las tareas que dice haber contratado.

Por esa razón es necesario remontarse al 15 de noviembre y 5 de diciembre del año pasado, cuando en varias ruedas de prensa Benedetti se refirió al fiscal Martínez como “rufián” y lo señaló de haber recibido dinero de Odebrecht, justo cuando la Fiscalía compulsaba copias a la Corte Suprema para que investigara al senador por el escándalo de los sobornos de la firma brasileña en Colombia. “Era obvio que iba a venir una retaliación para mí. Me tocó hacer campaña mientras decían por todo el país “Benedetti está preso, Benedetti va pa’ la cana”, dijo en respuesta Benedetti.

Benedetti acusó también a Daniel Hernández, un funcionario de la Fiscalía, como “el perro sabueso, el sapo del fiscal general que lo pusieron a perseguir a Benedetti”. Dijo que a cuanto preso llegaba a la cárcel le ofrecía “de todo, hasta sacarlos de la cárcel” para que declarara en su contra. Benedetti asegura que ya le ha puesto dos denuncias penales a este funcionario, por preguntar sobre un congresista cuando la Fiscalía no tiene la función de investigar congresistas.

Benedetti afirma que Hernández promovió testigos para que lo vincularan en el cartel de las pensiones en Córdoba, en el cartel de la toga, y en el escándalo de Odebrecht. “A Otto Bula le ofreció de todo pero Otto Bula dijo ‘Benedetti no tiene nada que ver’, y ahí sí los medios no mencionan que el testigo que tiene en la cárcel a todos los que están presos por Odebrecht, dijo ‘Benedetti no tiene nada que ver’”.

Como van las cosas estos testigos van a terminar luego acomodando su versión y no se haga nada raro que manan digan que hablaron bajo presión de Jaime Lombana por su anunciadas prebendas judiciales o que la Fiscalia esta sacando testigos de la manga.