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Persecución judicial pretende boicotear acuerdos entre Aliadas para el Progreso y el Estado

Aliadas para el Progreso

La persecución judicial orquestada contra del empresario Carlos Alberto Solarte y su familia no se detiene y estaría intentando torpedear el acuerdo al que llegó la concesionaria Aliadas para el Progreso con el Estado, en la construcción del corredor vial Santa-Mocoa-Neiva.

El proyecto, que maneja parte del conglomerado Solarte, sigue siendo afectado por los diferentes procesos legales en contra de sus representantes.

Esto provocó que el avance en la ejecución no vaya acorde con los tiempos estipulados en la contratación.

En torno a eso, en febrero de este año, la concesionaria logró un acuerdo con el gobierno colombiano.

A través del viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos Romero; se estableció un plazo de 3 meses, para presentar un nuevo plan de ejecución del proyecto.

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La finalidad es impedir que la obra se detenga en su totalidad y se pierda más tiempo para su avance, lo que terminaría afectando directamente a la ciudadanía.

Pero el conglomerado empresarial se comprometió con el Estado colombiano y con la ciudadanía a cumplir con las obligaciones contractuales en la nueva etapa

El plan de infraestructura divido en los tramos Neiva-Huila y Santana-Putumayo corresponden al tipo de vías de cuarta generación (4G).

Se trata grandes obras que prevén convertir Colombia en un gran competidor para el comercio exterior.

Así, su principal objetivo es optimizar la conectividad del centro-norte colombiano con el Pacífico y el sur, hasta Ecuador.

El gobierno adjudicó el proyecto a Aliadas para el Progreso en fecha 18 de agosto de 2015, bajo el contrato número 012.

Tras los casos judiciales, los equipos han mantenido la concesión, para cumplir con las disposiciones. Mientras eso sucedía, el empresario Solarte se dedicó a sostener conversaciones con el Estado y entidades financieras, para generar acuerdos.