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Plan y acciones de política criminal, por Wilson Ruiz

En un hecho histórico para el país, el Consejo Superior de Política Criminal aprobó el Plan Nacional de Política Criminal que por décadas había sido reclamado por los colombianos. Nunca antes Colombia había tenido una política definida para enfrentar a la criminalidad, buscando proteger los derechos de los ciudadanos. Un plan que se logra gracias al trabajo y consenso hecho durante dos años por las entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal, con la participación de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General; el Congreso; el Ministerio Público y el Gobierno Nacional.

El plan define la política de Estado para prevenir y combatir la delincuencia con lineamientos, acciones y actividades articuladas entre todas las entidades. Para ello fueron identificados cinco pilares fundamentales de la política criminal: la prevención del crimen, definición de comportamientos antisociales que deben ser sancionados penalmente, investigación y juzgamiento de comportamientos delictivos, cumplimiento de la sanción penal y la resocialización como un elemento para la reinserción a la vida en sociedad.

De acuerdo con estos pilares y en concordancia con los postulados constitucionales, la sanción con medidas privativas de la libertad solo debe ser contemplada para aquellas personas que incurran en comportamientos graves, por eso el plan no solo se enfoca en acciones penales, también desarrolla contenidos encaminados a la prevención del delito y la reconstrucción de los lazos comunitarios.

Uno de los aspectos más importantes del plan es que no solo contiene el diagnóstico y diseño de los aspectos más importantes que están asociados a la criminalidad, también incluye más de cien acciones que buscan hacer frente de manera efectiva al delito, sus causas y consecuencias, teniendo como objetivo la defensa de los derechos de los habitantes del territorio nacional.

La estructura del Plan Nacional de Política Criminal fue diseñada destacando siete temas principales. En un primer contexto, se encuentra la prevención del delito y reducción del homicidio para bajar los índices de violencia y los problemas de convivencia, que son asociados a las conductas delictivas. Otro de los objetivos es disminuir la impunidad.

Un segundo elemento hace referencia a la prevención de violencias basadas en género, identificando las condiciones diferenciales de la población para reconocer el impacto en la sociedad de los delitos relacionados con el género.

También se hace énfasis en la disrupción del crimen organizado, teniendo en cuenta que es una de las principales causas de violencia en el país que está ligada a la afectación del orden económico y el crecimiento del desempleo y la informalidad. Dentro de la estrategia se incluye la humanización del sistema penitenciario y carcelario, fortaleciendo los programas de resocialización para disminuir la reincidencia que afecta de manera directa la seguridad ciudadana.

Una de las priorizaciones importantes dentro del plan es la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, sector de la población que se mantiene en riesgo, mucho más en las regiones. Por esta circunstancia, para contrarrestar las acciones de los grupos de delincuencia que reclutan a jóvenes, se implementarán estrategias con un enfoque territorial.
Igualmente se establece la modernización de la acción estatal para combatir el crimen y la lucha contra la captura del Estado y la corrupción, que se constituye en una amenaza directa a la estructura de la democracia.

Celebro que uno de los avances que se logran con el Plan de Política Criminal es la definición de acciones concretas para hacer frente a las diferentes problemáticas. De esta manera se instituye el diseño de una plataforma tecnológica para integrar las bases de datos que faciliten la toma de decisiones oportunamente, también se fortalecerán los grupos especiales de investigación, se mejoran las capacidades institucionales de los organismos de investigación y seguridad del Estado, se robustecen los sistemas de información y la capacidad de articulación con las instituciones y de estas con la ciudadanía.

Otras de las acciones importantes están referidas a afianzar la presencia interinstitucional en las regiones para un tratamiento diferencial del delito, la actualización de las normas para una efectiva judicialización de las organizaciones de delincuencia, en fin, son más de cien acciones definidas en este plan, el cual, sin duda, será la herramienta fundamental para la defensa de los derechos ciudadanos, mejorar los índices de seguridad en el país y devolver la confianza en la institucionalidad.

WILSON RUIZ
@WilsonRuizO