En la mayoría de entidades, sean públicas o privadas, y en orden de ejercer un control más estricto sobre el óptimo funcionamiento de su propia institucionalidad, especialmente en tiempos de una transición administrativa o un empalme directivo, es menester de la administración saliente realizar un balance de gestión de acuerdo a los logros obtenidos y retos alcanzados durante su período en el cargo.
Algunos superan las expectativas y dejan compañías con un superávit monetario colosal, otros dejan sus posiciones sin haber logrado mayores cambios y/o transformaciones, pasando de arrastre y completamente desapercibidos, pero existen casos que el balance de gestión es tan misérrimo, que su salida ni se le debería otorgar importancia, pues lo han hecho por la puerta de atrás.
Es el ejemplo de María Virginia Torres de Cristancho quien, hasta hace poco, ostentaba el cargo de directora de la Sociedad de Activos Especiales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se encarga de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción de dominio, o se le está apenas decretando. Su caso es la prueba fehaciente de una administración sin mayores resultados, que bien podría decirse que fue un organismo acéfalo, pues su gestión no dejó sino, número en rojos para la historia de la compañía.
Virginia Torres llegó al alto cargo directivo en septiembre de 2014 y luego de 6 años como directora de la entidad, ha presentado su renuncia recientemente. Sin embargo, su función como administradora pública ha estado plagada de cualquier cantidad de señalamientos y juicios críticos que generan cualquier tipo de suspicacias, pues el balance de su gestión no reportó mayores ingresos a las arcas fiscales del Estado colombiano.
¿Cómo es posible que una entidad que administra los bienes que han sido incautados en la modalidad de extinción de dominio, y que en su mayoría se traten de lujosas posesiones, que pueden traducirse en opulentas extensiones de terreno, edificaciones suntuosas, automóviles último modelo, e incluso emporios mercantiles no vayan a generar un ingreso sustancial para el gobierno nacional?
A partir del anterior interrogante, se desprenden un sinnúmero de cuestionamientos, que al día de hoy no han podido ser resueltos, y que solo, al indagar más, dan cuenta de profundos errores administrativos de Torres Cristancho, pues ponen en tela de juicio, la idoneidad de la servidora pública con este alto cargo ejecutivo, de importancia vital en la recolección de recursos para el Estado.
Sin embargo, resulta imperioso ejemplificar algunos de los desaciertos de la exdirectora de la SAE. Quizá el más sonoro y que menos podía pasar desapercibido es el caso de Drogas La Rebaja.
La Sociedad de Activos especiales, hizo lo propio con Drogas La Rebaja. La SAE intervino, a través de un proceso de extinción de dominio, esta famosa cadena de droguerías que había sido propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela. Luego, los mismos empleados de esta empresa crearon la cooperativa COPSERVIR, para que Drogas La Rebaja pudiera seguir operando sin mayores contratiempos. Empero, en el año 2017, la Superintendencia de Economía Solidaria hizo nombramiento como agente especial a Fernando Umaña para que se encargara de regular el funcionamiento de COPSERVIR, nueva fachada administradora de las farmacias. No obstante, esta cadena siguió siendo administrada por el Estado, por medio de la intervención de la SAE, que descubrió la conducta irregular en la que estaría incurriendo el agente especial Fernando Umaña, puesto que no solo estaba encargado de su funcionamiento, sino que se había convertido en el mandamás del negocio farmacéutico de esa cooperativa. La Sociedad de Activos Especiales denunció la irregularidad ante la Fiscalía, que constató la usurpación.
La serie de anomalías continuaron. Esta vez con Mario Andrés Rivera Mazuera, que bajo la administración de María Virginia Torres Cristancho fue designado como depositario de Drogas La Rebaja y cuyo desempeño dejó mucho que desear. Nunca reportó las ganancias esperadas, ganancias que se esperarían de una empresa del tamaño y demanda de la cadena objeto del proceso de extinción de domino.
Al parecer, su capacidad para actuar como interviniente administrativo cuenta con historial, pues fue cuestionado cuando ejercicio como representante de la Industria de Licores del Valle, por parte de la Contraloría General de la Nación.
El futuro de la Sociedad de Activos Especiales es incierto. Cuando una persona deja su cargo, en el escenario en el que lo hizo María Virginia Torres, con evidente déficit fiscal, resulta muy difícil desdibujar un panorama esperanzador para la recaudación de recursos para mejorar la economía del país, y se plantean nuevos interrogantes. ¿Será Andrés Ávila una extremidad de la inoperancia e ineficiencia de la exdirectora María Virginia Torres? ¿Mejorarán los indicadores? ¿Se repetirá la historia?
