No ha sido suficiente tener que lidiar con las masacres que tuvieron lugar en el departamento de Nariño en los últimos días, sino que ahora, esta región azotada por la delincuencia y el narcotráfico enfrenta un nuevo obstáculo. Tribunales de Pasto truncaron el proceso que permitía revivir la aspersión aérea con glifosato.
Para entender lo crítica de la situación, es necesario remitirnos a la primera decisión judicial que desencadenarían los hechos violentos en esa región del país. El magistrado, Édgar Guillermo Cabrera, miembro del Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de decisiones judiciales, que generan cualquier tipo de suspicacias, emitía conceptos en aras de favorecer a un grupo de empresarios dueños del monopolio de la gasolina en ese departamento.
Como consecuencia, el control de la cadena de abastecimiento de gasolina en Nariño pasó a depender solo de unos cuantos que manejaban ese mercado, impidiendo la libre competencia de otros actores, empero no se consideraría tan grave lo anterior sino fuera porque esta situación ha disparado los índices de criminalidad de esa región.
Para la elaboración del clorhidrato de cocaína se necesita una cantidad exagerada de gasolina, lo que aumenta la demanda del carburante indefectiblemente. Asimismo, entre más grande sea su producción, esto eleva el porcentaje de cultivos ilícitos en los territorios, y es ahí cuando empieza a ser evidente la necesidad de controlar, directa o indirectamente, los diferentes “monopolios”.
En paralelo, la ausencia del gobierno local y estatal ha sido completamente evidente, pues los entes reguladores demuestran una total inoperancia para investigar, detener y erradicar las anomalías que enfrenta este universo que agrupa corrupción judicial, ineficiencia de la autoridad, monopolios fraudulentos y trabas al sistema.
En un nuevo capítulo, desde el Juzgado Segundo de Pasto, han decidido frenar momentáneamente la reactivación de la aspersión aérea con glifosato, que sería una solución a corto plazo, en orden de neutralizar y combatir la producción y distribución de cocaína en territorio fronterizo, logrando así también mermar la comercialización de combustible con fines netamente ilegales.
En resumidas cuentas, las instituciones que deberían ser las encargadas de impartir justicia, han fallado en su naturaleza original, puesto que se han demostrado ser la manzana podrida en el sistema administrativo, convirtiéndose en un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Sin la auditoria y revisión minuciosa de otro tipo de autoridades, a todas luces de mayor envergadura, se corre el riesgo de convertir al departamento de Nariño en el típico ejemplo de “crónica de una muerte anunciada”.
