El pasado domingo 21 de mayo, una comitiva conformada por diversas autoridades, entre ellas la viceministra del Interior, el director de la Dijín y la subdirectora del ICBF, se dirigió a Putumayo para abordar un consejo de seguridad en relación con la denuncia de la presunta masacre de cuatro jóvenes indígenas. La denuncia fue presentada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y apunta al frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC como responsables de estos lamentables hechos.
Según la información suministrada por la comunidad indígena, los hechos habrían ocurrido en la Comunidad El Estrecho, ubicada en la zona limítrofe entre Amazonas y Caquetá. El relato indica que los jóvenes pertenecientes al pueblo indígena Murui fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del frente Carolina Ramírez el 26 de marzo de 2023. Sin embargo, el pasado 15 de mayo, el joven reclutado logró escapar junto a otros tres miembros de la misma comunidad.
Lamentablemente, dos días después de su fuga, los jóvenes fueron encontrados por las filas de la mencionada organización armada, quienes presuntamente los asesinaron en la zona limítrofe. La Opiac ha instado a las autoridades a investigar estos hechos y ha solicitado que se active un protocolo de búsqueda para verificar la veracidad de la denuncia.
Es importante destacar que, hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado oficialmente esta información. Ante la gravedad de la denuncia y la necesidad de esclarecer los hechos, se ha iniciado un trabajo exhaustivo de rastreo y verificación en la zona mencionada. La comitiva que se trasladó a Putumayo tiene como objetivo principal reunirse en el consejo de seguridad y recabar información relevante que permita esclarecer lo sucedido y brindar respuestas a la comunidad afectada.
La presunta masacre de estos jóvenes indígenas pone de manifiesto la grave problemática del reclutamiento forzado en Colombia y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a estos actos de violencia. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y seguridad en las zonas afectadas, así como la necesidad de investigar y perseguir a los responsables de estos crímenes.
Esperamos que las autoridades realicen una exhaustiva investigación y que se haga justicia en este caso. La sociedad colombiana demanda respuestas claras y acciones contundentes para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado y proteger los derechos de los menores indígenas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y segura para todos.
