El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado controversia al afirmar que los recientes fallos judiciales que han afectado a miembros de su partido, el Pacto Histórico, representan un «golpe blando» en su contra. Petro ha señalado que estas decisiones judiciales, respaldadas por el Consejo de Estado, tienen supuestas intenciones políticas y buscan debilitar su gobierno. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas debido a que desconocen las decisiones de la justicia y tergiversan la función del Consejo de Estado como la alta corte de cierre en materia contencioso administrativa.
El mandatario colombiano ha expresado su preocupación por las decisiones judiciales que han afectado a su partido y ha afirmado que estas decisiones están cambiando de facto la representación política en el Congreso que fue elegida por el pueblo. Ha acusado al Consejo de Estado de tomar decisiones administrativas que han suspendido a congresistas del Pacto Histórico y, de esta manera, están restando votos a su coalición.
Una de las decisiones más relevantes tomadas por el Consejo de Estado fue la anulación de la elección de Roy Barreras como senador por el Pacto Histórico, argumentando doble militancia. Esta decisión es de única instancia y ha dejado al Congreso sin presidente en propiedad, ya que Barreras también había sido elegido como presidente del Congreso en la primera legislatura. Además, la semana pasada, el Consejo de Estado tumbó la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez debido a vicios de trámite cometidos por el Congreso durante su elección.
Es importante destacar que estas decisiones judiciales no son exclusivas contra el Pacto Histórico, ya que en el pasado también se han anulado elecciones y suspendido a otros senadores por motivos similares. Por lo tanto, no se puede afirmar que existe un «golpe blando» específicamente dirigido contra el gobierno de Petro.
Petro ha sido conocido por hacer afirmaciones sobre supuestos golpes de Estado en su contra. Sin embargo, estas acusaciones han sido cuestionadas por la falta de pruebas y por el rechazo generalizado que han generado. Es fundamental recordar que las instituciones judiciales tienen la responsabilidad de velar por la legalidad y la imparcialidad en sus decisiones, independientemente de la afiliación política de los involucrados.
