Referencia: proceso judicial contra mi persona

Tabla de contenido

 

  1. Colombia ha vivido múltiples violencias en medio de su democracia. Superada la violencia entre los partidos políticos históricos, en virtud del Frente Nacional, aparecieron las guerrillas marxistas-leninistas. Estas organizaciones avanzaron en medio de gobiernos democráticos que siempre buscaron adelantar acuerdos de paz. En muchas regiones colombianas la ciudadanía que se sentía desprotegida por falta de una política de seguridad, apeló a crear grupos de autodefensa. Tanto las guerrillas, como los grupos de autodefensa, terminaron en el narcotráfico, cometiendo, ambos, acciones narcoterroristas de la mayor crueldad.

 

Los gobiernos que presidí adelantaron cinco políticas: la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista, la Cohesión Social, la reducción del Estado burocrático y un diálogo con bases populares.

 

  1. Nuestro concepto de Seguridad Democrática buscaba recuperar la confianza en Colombia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política. Siempre con respeto a las libertades, que se habían restringido, no por los gobiernos sino por la coacción terrorista.   La inseguridad era la mayor causa determinante de la poca inversión privada y de la pobreza.  

 

La Seguridad Democrática difería de la Seguridad Nacional que implantaron dictaduras latinoamericanas para reprimir a los disidentes. Además, protegió por igual a todos los dirigentes,  afectos al gobierno, como a los de oposición. El actual presidente, Gustavo Petro, y la senadora Piedad Córdoba, por mencionar algunos, que aparecían como caracterizados líderes de la oposición, tuvieron todas las garantías efectivas.

 

Muchas personas asiladas o refugiadas en el extranjero pudieron regresar al país. No pudimos frenar totalmente el desplazamiento interno, pero disminuyó y muchas comunidades pudieron regresar a sus territorios.

 

 

  1. Nos empeñamos en proteger a los líderes de los trabajadores y de los maestros. Al inicio del gobierno solo había un criminal preso por el asesinato de sindicalistas y al final de nuestra Presidencia había doscientos presos por estos crímenes. De igual manera, se protegió la vida de los periodistas, que además adelantaban una valiosa labor en las regiones del país. Medíamos y evaluábamos  periódicamente, en reuniones con las organizaciones sindicales, la mayoría de oposición, el resultado de la política de protección.

 

Algunas cifras del gobierno, en materia de seguridad:

 

– Los homicidios pasaron de 28.837 casos (2002) a 15.817 (2010)

– El secuestro extorsivo pasó de 1708 casos (2002) a 75 (2010).

– El asesinato de sindicalistas y maestros sindicalizados pasó de 200 (2002) a 14 en 2010 (Se hubiera querido que la cifra fuera cero)

– El asesinato de periodistas disminuyó de 15 casos en 2002 a 1 en 2010.

– Mientras en 2002 se registraron 115 masacres, en 2010 hubo 10 (hubiéramos querido una cifra de cero).

 

  1. Nos sometíamos cada fin de semana al escrutinio de la ciudadanía en diálogos masivos, en diferentes regiones,  que se volvieron fundamentales para la transparencia de nuestro actuar público y para el conocimiento directo sobre los padecimientos de nuestra comunidad. Todo se grababa, se leían las conclusiones, se llevaban actas y matrices de seguimiento y cumplimiento de compromisos del gobierno. Fueron conocidos como Consejos Comunales, que a su vez desarrollaban la política de Diálogo Popular.  Nuestras respuestas eran sinceras, sin promesas pero con compromisos de explorar soluciones, preferíamos la credibilidad al aplauso del momento. Gran parte de la Nación aún recuerda con positiva apreciación nuestros resultados que incidieron en un cambio de rumbo económico y social.

 

  1. Algunos sectores de oposición, sin descanso, se han dedicado a acusarme de responsable de violaciones a los Derechos Humanos, conocidas como falsos positivos (era el grotesco asesinato de personas inocentes que las hacían pasar por guerrilleros). 

 

Desde el inicio de nuestro gobierno, la Seguridad Democrática como política pública principal, conllevaba elementos de eficiencia, transparencia y eficacia, con sus respectivos instrumentos de medición y ajustes.

 

El cambio del país fue real, cuantificable. Para el logro, jamás se dio una orden contraria a la ley.

  

La acusación que me formulan ha tenido tres componentes:

 

5.1. Que yo directamente daba la orden: No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación.  Creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha apoyado a las Fuerzas Armadas y más ha hablado con sus integrantes. Es públicamente conocido que día a día, desde las más tempranas horas, me relacionaba con ellos, preguntándoles, apoyándolos y enterándome directamente de la situación de orden público de cada región de la Patria.

 

5.2. Que era muy exigente: ¡por supuesto!, pero no solamente con la política de seguridad, sino en todo lo que tenía que ver con metas del gobierno. El tiempo era muy corto. En un país con una tercera parte del territorio controlado por las guerrillas, otra tercera parte por el paramilitarismo y el resto en riesgo, el gobierno tenía que ser exigente. Pedíamos resultados, con transparencia, con vehemencia obviamente, sin cohonestar con prácticas irregulares, ilegales y mucho menos atroces.

 

Algunos militares, vergonzosamente, violaron los Derechos Humanos y fue un gran infortunio para la Nación. Dejaron una grave mancha que jamás podrá olvidarse. Cuánto me duele que la política de Seguridad Democrática, que con la Confianza Inversionista y la Cohesión Social tanto bien hizo a Colombia, tenga la afectación de violaciones a los Derechos Humanos.

 

El mejoramiento de Colombia lo reconoció tanto la comunidad nacional como la internacional.

 

5.3. Me acusan de omisivo o de haber tomado medidas tardías: al ganar las elecciones no descansamos en la preparación de las políticas que concebimos para sacar a Colombia de la dificultad. Desde el día primero me fui como comandante en jefe directamente al territorio a acompañar a las Fuerzas Armadas, para transmitir un mensaje de solidaridad con su causa, de priorización, de asunción directa de la recuperación de los territorios que dominaba la delincuencia. 

 

El 8 de agosto de 2002 a las 6:00 am, un día después de mi posesión, llegué a la ciudad de Valledupar con el equipo de Gobierno y los altos mandos militares. Allí lanzamos el programa de protección y seguridad en las carreteras. En la tarde, en Florencia, Caquetá, empezamos la protección de los alcaldes, sin distingo político, porque más de 300, en todo el país, no podían estar en sus municipios por la amenaza de los delincuentes.

 

En diciembre de ese primer año logramos algunas cifras esperanzadoras.

 

Cuando el país avanzaba, ONGs de izquierda, nacionales e internacionales, empezaron su estrategia de desprestigiar  nuestra tarea, con la acusación de no dar de baja a terroristas, sino de asesinar a campesinos inocentes. Nada más alejado de la verdad. Para esos campesinos era que trabajábamos en la recuperación de sus parcelas.

 

He repetido, que por mi afecto a los soldados y policías de Colombia, me era difícil creer que alguno había perpetrado un crimen. Sin embargo, siempre se tomaron decisiones ante cualquier queja. Nuestro discurso era tan exigente en eficacia como en transparencia.

 

5.4. No ha faltado quien me acuse de haber dado recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas por “Falsos Positivos”. Semejante infamia se desvirtúa con la mera lectura de los informes de la Contraloría General de la Nación.

 

  1. En el mismo momento en que nos enteramos de graves hechos relacionados con prácticas completamente ajenas a lo que pretendíamos, reaccioné con decisiones de distinto orden, dentro de las que vale la pena destacar:

 

6.1. Se promovieron y realizaron gestiones para obtener los recursos presupuestales que permitieron incrementar el número de fiscales de Derechos Humanos. Pasaron de 42 a 102, incremento  hecho para que avanzaran en las investigaciones.

 

6.2. En el año 2003 se tomó la decisión que cuando hubiera una baja las Fuerzas Armadas no podían mover el cadáver, sino que tenían que esperar a la Fiscalía, para que sus fiscales hicieran el levantamiento del cadáver en el sitio.  Muchos exfiscales comentan que gracias a esa decisión se facilitaron las investigaciones. Se evitaba que al trasladar el cadáver entre el sitio del combate y la morgue, alguien con mala intención, aprovechara el recorrido para colocarle un vestido de guerrillero.

 

6.3 En el año 2006 se formalizó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa, Camilo Ospina era el Ministro, y la Fiscalía General de la Nación para que esta entidad asumiera la investigación inicial sobre personas dadas de baja. Esta decisión, tomada en aras de la transparencia, llevó a que de un lado me acusaran de eliminar la Justicia Penal Militar,  y de otro, a que algunos en la Fiscalía abusaran, convirtiendo cada baja en procesos investigativos por asesinato.

 

6.4. En 2004, a raíz de las quejas que llegaban a la oficina del vicepresidente Francisco Santos, se puso en marcha un plan de investigación de denuncias contra integrantes de la Fuerza Pública. Las denuncias recibidas en esa oficina y las que por otros conductos llegaban al Gobierno, eran trasladadas a las autoridades competentes con inmediatez.

 

6.5. En noviembre de 2005 se realizó un convenio con la Oficina del Alto Comisionado para tener un mejor esquema de recepción y trámites de denuncias sobre violación de DDHH y DIH y se implementó un mecanismo de intercambio permanente de información con la Cruz Roja.

 

6.6. En noviembre de 2008, el Ministerio de Defensa expidió 15 medidas sobre la observancia de DDHH y DIH, se reforzaron las que se habían tomado y se implementaron otras. Esta fue una política que empezó con el inicio de mi gobierno y que se fue mejorando permanentemente

 

6.7. En octubre de 2008, una noche, el Ministro de Defensa e integrantes del equipo del Ministerio, me llevaron a la presidencia información sobre 27 altos comandantes de las Fuerzas Armadas que estarían involucrados en falsos positivos. Debo aclarar que solamente sobre uno de ellos había sospechas de que estuviera comprometido en asesinatos. A los demás se les acusaba de que podrían haber faltado en no tener todo el cuidado en los procedimientos operativos, lo que habría facilitado falsos positivos. Siete horas después le anuncié al país la decisión de desvincularlos a todos, sin ninguna duda y por iniciativa propia, no obstante mi afecto por los soldados y policías de Colombia.

 

6.8. También a finales de 2008, me reuní con un Capitán del Ejército, en la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me comentó que en la Brigada de Ocaña  asesinaban personas inocentes para simular que se luchaba contra el narcotráfico. De ese modo protegían a los verdaderos narcotraficantes. Al salir de la reunión, tan pronto crucé la puerta de esa oficina, le informé al país. Los responsables fueron condenados por la justicia a 40 años de cárcel.

 

6.9. En el 2010, me reuní con un grupo de madres de jóvenes víctimas de falsos positivos, con firmeza le recordé a la Fuerza Pública lo que dije desde el primer día de nuestro Gobierno: nuestra política tenía que ser para sanar dolor no para causar dolor en el pueblo colombiano. Pedimos al Ministerio de Defensa apoyo para estas familias con las diligencias relacionadas con el acopio de pruebas y los procesos de investigación que en ese momento estaban en curso. Además, que se coordinara con el Fiscal General y con el Consejo de la Judicatura para examinar con ellos qué apoyos se podían brindar por parte nuestra, para que los jueces y los investigadores de Derechos Humanos de la Fiscalía tuvieran todas las herramientas y el recurso humano, a fin de agilizar esas investigaciones.

 

  1. Cuando estaba próximo el final del período del gobierno, el delegado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos fue a la Presidencia, me dijo que en los últimos dos años solamente habían presentado cuatro quejas que no tenían fundamento y me felicitó, a lo cual le contesté que no, que hubiera preferido que la cifra fuera cero.

 

 

  1. Entre las diferentes instituciones colombianas se han presentado enormes diferencias respecto al número de violaciones de Derechos Humanos, conocidas como los falsos positivos. No obstante que sólo una es grave, también preocupa mucho la diferencia en cifras. La Justicia Especial para la Paz (JEP), impuesta por la FARC en el proceso de 2016, rechazado por el pueblo colombiano a través de un plebiscito, difiere en las cifras con respecto a las entregadas por la Fiscalía. El número de la JEP ha tenido como fuente a organizaciones, ONGs, en su mayoría con sesgo ideológico y declaradas adversarias de nuestras políticas. Las cifras de la Fiscalía llegan a una tercera parte de lo dicho por la JEP. A esta entidad, en múltiples ocasiones se le ha pedido,  infructuosamente, que revele la lista con los nombres.

 

Varios integrantes de la JEP fueron miembros de las ONGs de izquierda que estaban en la oposición al Gobierno que presidí.

 

También se ha presentado mucha acusación sin fundamento contra las Fuerzas Armadas y se conocen casos de personas que estaban en organizaciones terroristas y sin embargo las presentan  como víctimas inocentes. Se han dicho  mentiras e inexactitudes en un tema que demanda la mayor responsabilidad.

 

 

  1. Comentario especial merece el hecho que la Jurisdicción Especial (Universal), que debería ser complementaria o subsidiaria, no se interesa en la impunidad de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista FARC. Por ejemplo, en el Congreso de Colombia hay condenados por delitos de Lesa Humanidad, como el reclutamiento y la violación de niños. Estos Congresistas no  fueron un sólo día a la cárcel ni han sido sometidos a las condenas simbólicas e inaplicables del fallido acuerdo de paz. En mi gobierno no hubo impunidad. Se desmovilizaron 53 mil personas que estaban en grupos criminales. De ellos 35 mil eran paramilitares y 18 mil guerrilleros. Hubo reducción de penas carcelarias pero no impunidad absoluta ni cambios constitucionales para llevar al Congreso a los responsables de delitos atroces.

 

Desde el comienzo del Gobierno se expresó con claridad y siempre se repitió la promoción de la desmovilización, que era la prioridad sobre capturas o bajas.

 

Al terrorismo de la Farc le dieron impunidad absoluta a pesar del rechazo del voto ciudadano al plebiscito sobre el Acuerdo de La Habana. Los resultados de este Acuerdo fallido se reducen a un incremento de cinco veces en narcotráfico, narcocultivos y  microtrafico en las calles de Colombia. En la misma proporción ha crecido la criminalidad. El número de personas en armas es varias veces superior al número de desmovilizados de La Habana. Ese Acuerdo fracasado ha tenido frenético aplauso de sectores de la comunidad internacional, por compromiso político o por haber sido engañados por la publicidad de sus actores.

 

Nuestras Fuerzas Armadas,  democráticas y constitucionales, nunca al servicio de una dictadura, tampoco beneficiarias de impunidad, fueron igualadas con el terrorismo. Sus integrantes fueron sometidos a la JEP, justicia impuesta por la Farc y con sus sesgos derivados del impostor.

 

El diseño de esta Justicia ha facilitado que incluso militares reconozcan delitos no cometidos para garantizar su libertad. Difícil que un juez le diga a un militar que esa confesión no es válida porque él no cometió ese delito. Para la guerrilla es muy fácil reconocer sus delitos, constituían el deber ser de la organización terrorista.

 

Al final de nuestro Gobierno avanzaban las investigaciones y había más de mil militares detenidos. La JEP, con la presión de la confesión les ha dado libertad,  al costo del desprestigio institucional de nuestra democracia.

 

Muchos militares que antes negaban sus delitos, ahora los reconocen, así no los hubieran cometido, todo para garantizar su libertad. Esto hasta resulta comprensible por la presión y el dolor de las familias que quieren tener en libertad a sus seres queridos.

 

Varias veces propusimos la alternativa de una condena de cinco años por delitos cometidos hasta 2016 cuando impusieron el fracasado Acuerdo.

 

Con dolor repito: ¡ Qué falta al honor militar, asesinar para simular el cumplimiento del deber! ¡Qué falta al honor militar pretender justificar asesinatos en la orden superior clara y transparente de combatir el delito para proteger a la comunidad golpeada por el crimen! 

 

  1. Comisión de la Verdad: no puedo reconocer la legitimidad de las instituciones derivadas del proceso de La Habana por muchas razones, una de ellas por el desconocimiento del plebiscito. Cuando el NO a los acuerdos con la FARC ganó el plebiscito popular de 2016, una simple proposición en el Congreso dio vía libre a los acuerdos, pese al mandato ciudadano. La Comisión de la Verdad y otros instrumentos nacidos producto de un acuerdo que no reconocemos, fueron creados para complacer a las propias FARC y organizaciones de izquierda. 

 

Sin embargo, jamás he dejado de afrontar un solo tema que pretenda endilgarme responsabilidades no soportadas en los hechos. Por esta razón declaré de manera pública ante la espuria   Comisión de la Verdad.

 

Anexo los enlaces de los  vídeos publicos de esa  declaración:

 

– (Primera parte: https://www.youtube.com/live/bU1VK8bq2sI?si=B0RSOPPv_dm97Zo7)

 

– (Segunda parte: https://www.youtube.com/live/g4qdSiu84jg?si=womFsTV-QdpLFT_o ).

 

  1. Debo agregar que tuve cinco ministros de Defensa, solamente uno había sido amigo mío en el pasado, los demás no. Nunca se les desautorizó, ni se controvirtió cualquier movimiento de personal que quisieran hacer, para nombrar, promover o desvincular personas de las Fuerzas Armadas. 

 

Mis consejos de seguridad eran con presencia de todos los comandantes de las Fuerzas, de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría. Por  regla general, también con asistencia de la comunidad. 

 

El país no quedó perfecto, pero en aquellos años  mejoró muchísimo en seguridad, en crecimiento de la economía, en disminución de la pobreza y en reducción del Estado burocrático.

 

Doy este debate no solo por lo que corresponde a nuestra gestión sino porque Colombia debe ser analizada con un respeto que descanse en el rigor sobre su historia, en la verdad que nadie puede atribuirse subjetivamente. Tampoco la verdad reposa en lo que han decidido escribir nuestros contradictores, que avalaron un Acuerdo de Paz fallido,  con instituciones ilegítimas y sesgadas,  que aún afectan el funcionamiento de nuestra institucionalidad.

 

Estaré atento a explicar a la comunidad Argentina las precisiones que se requieran. Ya en ocasiones lo he hecho con mi presencia en Buenos Aires, que se ha dado no obstante la amenaza y un atentado frustrado, pero seguiré en todo el continente y donde sea necesario manifestando lo que se hizo por Colombia y lo que seguimos pensando sobre nuestra viabilidad como Estado Democrático, que proporcione Seguridad Democrática e integral a todos sus ciudadanos.

 

Álvaro Uribe Vélez

 

 

30 DE DICIEMBRE DE 2023