Columnista invitado: Abogado penalista Juan Francisco Navarrete

La Superintendencia de Puertos y Transportes interpuso denuncia en contra de uno de sus funcionarios por el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público contemplado en el artículo 292 del Código Penal.

Sin embargo, del análisis del caso resultó extraño el proceder de los directivos de la Superintendencia y de la Fiscalía, quienes cerraron toda la entidad para efectuar una diligencia de arraigo al funcionario denunciado por un delito que ni siquiera permite la imposición de medida de aseguramiento. El operativo se llevó a cabo como si fuera una diligencia de allanamiento en las instalaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte que implicó incluso el desalojo de la entidad y la realización de interrogatorios al estilo inquisitivo del sistema procesal penal anterior. Los defensores manifestaron que no hay documentos ni actas sobre dicha actuación.

El funcionario implicado en el caso designó a al abogado penalista Juan Francisco Navarrete Riveros para su defensa técnica, quien ha venido actuando como tal desde la imputación de cargos.

El exfuncionario no aceptó cargos y su defensa, liderada por abogado Juan Francisco Navarrete, ha manifestado que irán a juicio porque se trata de una conducta inexistente y que el documento supuestamente destruido se trató de fotocopia relativa a un contrato de vinculación que no hacía relación a ningún vehículo que contara con investigación en curso en dicha entidad.

A la fecha, el proceso tiene pendiente la continuación de audiencia preparatoria fijada para diciembre próximo ante el Juzgado 43 Penal Del Circuito De Conocimiento, audiencia que fue suspendida, con el propósito de que la defensa corriera traslado de sus Elementos Materiales Probatorios a la Fiscalía y a la representación de víctimas.