Luego de que circulara una información sobre que supuestamente algunos congresistas tendrían cuotas burocráticas en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad dirigida por Gilberto Rondón, el Congreso de la República circula un concepto jurídico elaborado por el abogado Julio César Ortiz, en el que se señala que este tipo de prácticas no constituyen una falta penal y mucho menos «una mermelada».
Concepto jurídico respalda la participación de congresistas en el gobierno y la administración.
De acuerdo con el abogado Ortiz, esto se trata de un hecho político relacionado con la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan recibir hojas de vida de los congresistas bajo ciertas condiciones.
“La consecuencia lógica de pertenecer a la coalición de Gobierno es además de contribuir a la dinámica de la gestión legislativa en el Congreso de la República, la correspondiente participación en el mismo gobierno y en la administración a través de las diferentes manifestaciones de ejercicio de los derechos políticos dentro de los que se encuentra el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos”, reza uno de los apartes del documento.
Recomendaciones de empleo por parte de congresistas son permisibles, siempre y cuando no haya presiones indebidas.
Es así como este concepto destaca que los congresistas tienen toda la libertad de recomendar aspirantes a un empleo, siempre y cuando el funcionario no sea presionado.
“Por tanto, si un director, presidente o gerente de una entidad pública del orden nacional toma la decisión de vincular a la planta de personal a una persona que fue sugerida, referenciada o recomendada por un congresista, sin que de por medio existan presiones indebidas o constreñimiento, y sin que para ello se desconozcan personas vinculadas con derechos de carrera administrativa, ni sus reglas, no se expone a ningún tipo de sanción o medida disciplinaria”, señaló Ortiz.
