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El presidente Gustavo Petro recibió una orden del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá para retractarse y presentar disculpas públicas por las declaraciones que hizo contra la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, a quien había señalado como «cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes», en referencia a los casos conocidos como ‘falsos positivos’.
El tribunal, al resolver una acción de protección interpuesta por la congresista, determinó que el presidente tiene cinco días para cumplir con la obligación de rectificar sus declaraciones, publicada el 29 de septiembre a través de la red social X.
El fallo judicial fue contundente al sostener que las palabras del presidente constituían una «Imputación directa sin sustento en procesos judiciales».
Según el fallo, este hecho viola los derechos fundamentales al buen nombre y honra de la congresista, ya que «excedió el alcance del discurso político protegido» al atribuir responsabilidad penal inexistente a un servidor público.
Las declaraciones del presidente, registradas en mensajes como: «Es vergonzoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma Valencia, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados con armas oficiales, no se arrepiente»fueron el centro de la polémica.
La defensa jurídica de la Presidencia argumentó que las declaraciones fueron emitidas en un contexto de crítica política, pero el tribunal rechazó esta tesis.
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El fallo precisó que la rectificación deberá realizarse a través de tres canales específicos: la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X, la cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de Gustavo Petro en la misma red social.
La diputada Paloma Valencia había manifestado en su solicitud que el presidente “excedió los límites constitucionales de la libertad de expresión al no ser una opinión sino una imputación directa” lo que la afectó gravemente, dado que nunca ha sido investigada ni sancionada por los hechos de los falsos positivos.
El fallo reitera los límites que la ley impone a la libertad de expresión de los funcionarios públicos, especialmente cuando comprometen la integridad de otros ciudadanos, y exige que el presidente se abstenga de hacer declaraciones similares en el futuro.
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